Golf Confidencial . El tono del debate entre PP y PSOE estuvo marcado desde el comienzo, cuando José María Román, portavoz socialista, pidió como cuestión de orden conocer el motivo de la urgencia de la convocatoria. Desde ese momento, el enfrentamiento entre ambos grupos no hizo más que agravarse. Por su parte, los concejales de Izquierda Unida, que se abstuvieron en la votación, no intervinieron en ningún momento.
Tras conocer el contenido de la resolución de esta concesión, cuya empresa gestiona Joaquín Garat, Román pidió dejar el punto sobre la mesa porque su grupo había solicitado los expedientes de otras dos concesiones, la del edificio de la plaza Mayor y la de Cupimar, con el objetivo de comparar condiciones. Asimismo, recordó que existen dos recursos aún sin resolver sobre el caso de Practee Golf, el de la propia empresa y el del PSOE.
Sin embargo, la cuestión siguió adelante y Andrés Núñez, Portavoz del Equipo de Gobierno, explicó que esta concesión incumplió el pliego de condiciones porque desde 2008 no abona un canon anual de 12.000 euros, abandonó la actividad y las instalaciones al mismo tiempo que incumplió su objetivo de promocionar la práctica del golf. Además, señaló que al estar la empresa en concurso de acreedores, “imponerle una penalidad sería infructuoso”.
En este sentido, agregó que el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía ratificó que la resolución del contrato es “correcta”. Junto a este organismo, aseguró que también la decisión la avalan los técnicos municipales de Contratación y Secretaría. Así, argumentó que el PSOE “quiere ver elementos extraños donde no los hay y se nos ha culpado de amiguismo por sancionar a Cupimar cuando los socialistas no han hecho nada al verlo durante años incumplir el pliego de condiciones”.
Por su parte, Román mantuvo que esta decisión se trata de una “vendetta” del alcalde hacia el empresario que denunció haber participado en la supuesta financiación ilegal del PP y que se llevó a cabo de manera intencionada, coincidiendo con la Feria. También insistió en que su grupo desconoce los criterios que utiliza el equipo de Gobierno para rescindir el contrato con unas concesionarias y no con otras en situación similar. Por eso recordó que llevarán el asunto a la vía judicial de lo contencioso-administrativo.
Tras un agitado debate en estos términos, el punto fue aprobado por la mayoría del PP y el PVRE.
